Entre el 4 y 5 de junio todos los peruanos seguimos con gran preocupación el desenlace de varias semanas de protesta de nuestros hermanos amazónicos, ante la sordera y ceguera negligente de un gobierno discriminador, que se negó a derogar Decretos Legislativos lesivos para las comunidades amazónicas (para sus territorios, identidad y cosmovisión); y que lamentablemente fueron reprimidos con la implementación policial de un operativo pésimamente planificado que costó la vida de 33 personas, dejando heridas profundas y diversos problemas sin solución.
Nuestro país posee 75 millones de hectáreas en la Amazonía, lo que corresponde a 60% del territorio, donde viven 3.5 millones de peruanos, que conforman el 13% de la población nacional. De todos ellos, 332,975 son indígenas que se encuentran agrupados en 1,509 comunidades, de las cuales a la fecha 1,232 se encuentran tituladas.
Desgraciadamente, con la Constitución de 1993 (elaborada durante el gobierno de Alberto Fujimori), perdieron el derecho a la existencia legal de sus comunidades y al carácter imprescriptible de sus tierras (otorgados por las Constituciones previas de 1920 y 1933). A pesar, de que el Perú ratificó diversos Convenios Internacionales, que defienden los derechos humanos de las personas, como por ejemplo: El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos indígenas y Tribales que exigen el derecho a la consulta de los Pueblos antes de las concesiones.
En ese sentido, el concepto del Perro del Hortelano vertido por el actual presidente, ratifica la promoción de la lotización petrolera y minera de la amazonía peruana, pero desconociendo la territorialidad de las diversas comunidades amazónicas y su integración ancestral con la naturaleza, sus derechos a la tenencia de sus tierras, el impacto a su salud y el medio ambiente, lo que hace a estas normas inconstitucionales y que por lo tanto deberían ser derogadas.
Actualmente es muy importante difundir algunos hechos, que requieren ser analizados y como ciudadanos solidarios, deberíamos exigir una respuesta legal y social a las siguientes interrogantes:
1º Las comunidades amazónicas habían acordado suspender las medidas de protesta, entonces ¿Porqué se planificó el operativo policial al día siguiente?.
2º La verdad debe conocerse, finalmente ¿Quien dio la orden de iniciar el operativo? ¿Quiénes son los responsables por la muerte de 33 peruanos, un policía desaparecido y más de 200 heridos?.
3º Es imperativo preguntarse: ¿para que sirven la mesas de dialogo si la voz de los representantes amazónicos no son escuchadas?
4º¿Es ético y racional llamar a mesas de dialogo para solucionar los problemas cuando paralelamente se ordena criminalizar y apresar a los dirigentes?
5º Si AIDESEP (la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) lidera a la mayoría de las organizaciones andinas y actualmente asiste a las mesas de dialogo ¿Porqué una fiscal pretende hoy disolver a esta organización? Acaso aquí ¿Hay una mano negra del gobierno?.
Nuestro país también es rico por su biodiversidad humana, por eso es pluriétnico, pluricultural y multilingüe. No permitamos que este gobierno convierta a nuestros hermanos amazónicos en seres invisibles, en fantasmas; por priorizar las concesiones de lotes de nuestra amazonía a las grandes transnacionales petroleras y mineras, obviando los procesos de consulta y violando los derechos humanos.
Exijamos una solución concertada y justa. Todos debemos opinar al respecto y estar muy atentos a la solución de este grave conflicto.
Dra. Flora Luna Gonzales
Presidente del consejo de Vigilancia de la asociación Médica Peruana
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